La Ley para la vivienda justa, aunque de gran importancia, no es la única ley que protege a los residentes de Luisiana en materia de vivienda. Nos interesa también mencionar una ley estatal de 2015 que impide a los municipios promulgar “ordenanzas contra molestias y disturbios”. ¿De qué se tratan este tipo de ordenanzas? Son normas locales que pueden obligar a desalojar a los inquilinos de propiedades consideradas "molestas" si se llama en reiteradas ocasiones a los servicios de emergencia o se producen infracciones por ruidos molestos. Imagínese perder su casa porque alguien le ha robado y usted tuvo que llamar a la policía. 

Según el Proyecto de ley nacional de vivienda, "estas ordenanzas y programas

a menudo se adoptan en respuesta a un cambio percibido en la composición demográfica racial de una comunidad o al temor de que se produzca este cambio".Las ordenanzas contra molestias y disturbios discriminan contra las personas sobrevivientes de violencia doméstica al desalojarlas como respuesta a un incidente del que no son culpables. Estas ordenanzas perjudican y menosprecian las vidas y los hogares de las personas de color. Además, ponen en peligro a los inquilinos ya que amenazan a los propietarios que, de otro modo, hubieran estado dispuestos a hacer lo correcto y permitir que sus inquilinos llamaran al 911. 

Afortunadamente, en 2015 la Asamblea Legislativa del Estado de Luisiana aprobó la "Ley para garantizar el acceso a los servicios de emergencia para las víctimas de abuso doméstico y otros delitos"Esta ley prohíbe a las parroquias y municipios aprobar ordenanzas que impongan una sanción por comunicarse con las fuerzas de seguridad u otros servicios de emergencia para solicitar ayuda ante "un incidente relacionado con malos tratos en el ámbito familiar o cualquier otro delito en el que alguien haya sufrido pérdidas materiales, lesiones físicas o la muerte, o haya tenido una convicción razonable de que necesitaba ayuda para evitar pérdidas materiales, lesiones físicas o la muerte". La ley también hace referencia a los propietarios, estableciendo que no se puede exigir que desalojen a los inquilinos por llamar a los servicios de emergencia. 

Recientemente hemos recibido quejas que sugieren que algunos inquilinos están siendo desalojados por llamar a los servicios de emergencia. Si esto le ocurre a usted o a alguien que conozca, póngase en contacto con nosotros y para poder investigar el caso. Nadie debería perder su vivienda por haber sido víctima de un delito.