La Ley para la vivienda justa exige que las administraciones locales que reciben fondos federales destinados a la vivienda adopten medidas que promuevan de manera afirmativa la vivienda justa. Esto exige que los estados, municipalidades, parroquias y autoridades responsables de la vivienda pública que reciben estos fondos promuevan comunidades diversas e inclusivas y sean capaces de superar los efectos negativos de la segregación.
El 8 de julio de 2015, la Administración Obama publicó una nueva normativa diseñada para orientar a los gobiernos locales en el cumplimiento de esta obligación para promover de manera afirmativa la vivienda justa. La municipalidad de Nueva Orleans formó parte de la primera serie de gobiernos locales que se sometieron a esta nueva evaluación.
El análisis de efectos dispares es una doctrina jurídica consolidada y respaldada por la Corte Suprema de Justicia que los defensores de los derechos civiles utilizan para el cumplimiento de leyes como la Ley para la vivienda justa. El análisis de los efectos dispares establece la culpabilidad o la responsabilidad de una política elaborada con escasa atención o comprensión de las posibles repercusiones sobre un grupo protegido de personas.
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